Participación e Igualdad

La participación de los ciudadanos es un hecho básico e indiscutible tanto en la consolidación como en el fortalecimiento de los sistemas democráticos, de todos y cada uno de los países de nuestro entorno, fundamentalmente los occidentales. En ellos se garantiza de manera fundamental el ejercicio de los derechos y libertades de las personas, que han sido consagrados en los diversos textos constitucionales y recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Entre todos esos derechos y libertades de los ciudadanos, encontramos: el derecho a la vida, a la inviolabilidad del domicilio, a la libertad de expresión y opinión, a la libertad de asociación y de reunión… Sin embargo, el ciudadano no sólo tiene derechos y libertades, también recaen sobre él obligaciones, como por ejemplo: la de contribuir a los gastos generados por la puesta en marcha de servicios y prestaciones o la obligación y el deber de respeto de los derechos y libertades de sus semejantes. Tanto los derechos, las libertades, como las obligaciones y deberes fundamentan el llamado “Pacto Social” que es adoptado de común acuerdo por los miembros que integran una determinada sociedad. Éste pacto no sólo hace posible el ejercicio de esos derechos y libertades sino la convivencia y el bienestar común de todos sus integrantes.

Garantizar las libertades y derechos de la persona no implica la obligatoriedad de igualdad entre sus miembros. En el seno de nuestro modelo de sociedad democrática, frecuentemente, encontramos individuos, grupos y colectivos que debido a sus precarias condiciones socioeconómicas se sienten: por un lado, apartados y por otro, son percibidos por el resto como los de “al margen”. Es como, si la propia sociedad fuese incapaz de reconocer e integrar a todos y cada uno de sus individuos y grupos. Siendo la misma sociedad la causante de las condiciones que hacen que determinados sectores de la población se distancien, provocando situaciones de discriminación y desigualdad.

Todo ello, puede crear una cierta imagen en la que los derechos y libertades son vistos como instrumento que pueden reforzar privilegios en determinadas clases sociales. Esto favorece la diferenciación social y las desigualdades sociales.

Participar en los procesos y en el desarrollo de nuestras sociedades, no es un derecho fundamental, es un principio básico de nuestros sistemas democráticos. Participar es actuar, es ponerse en movimiento, es provocar cambios, es influir, es transformar la realidad… es dejar nuestra impronta. Pero cuando a la participación se le ponen barreras o se la obstaculiza deberemos pensar en intereses particulares de individuos o grupos que contando con cierto poder material, ya sea económico, político, profesional, etc. pueden impedirla. Es entonces cuando deberíamos preguntarnos ¿porqué?