PERSONAS MAYORES Y PARTICIPACIÓN

En estos momentos tan difíciles, que nos toca vivir, he intentado seguir adelante con algunos proyectos personales, entre ellos la publicación del libro que os presento. Con el libro se quiere agradecer a todas aquellas personas mayores que han dedicado y dedican parte de su tiempo y esfuerzo al ejercicio del derecho a participar en los asuntos públicos, un esfuerzo que en muchas ocasiones no se les reconoce.

La participación del colectivo de personas mayores ha estado mediatizada, politizada e institucionalizada, atada a principios políticos de tintes paternalistas. Sin embargo, el colectivo ha madurado e iniciado nuevos caminos con menos ataduras, más organizado y reivindicativo que en años atrás. Un colectivo que espera de las instituciones públicas formas de gobernanzas más abiertas y relacionales, pero que una y otra vez se les deniega.

En los tiempos inciertos en que vivimos, debemos entender, de una vez por todas, que la persona mayor es uno de los eslabones clave en nuestra sociedad y ha de ser considerada como tal y no como elemento pasivo al que solo hay que intentar cuidar.

Desde miradas distintas como la de políticos, profesionales y personas mayores, el libro analiza procesos y órganos participativos existentes en Andalucía y en la provincia de Sevilla, que los poderes públicos dirigen al colectivo de mayores en el campo de los servicios sociales, que hacen posible su participación en aquellas políticas públicas que les afectan.

El libro se puede adquirir en la librería más cercana de tu barrio o por internet.

 

 

INDIGNATE PERO REACCIONA

En estos últimos treinta días, en España, hemos vivido acontecimientos de gran intensidad, tanto a nivel personal, social como político. El movimiento ¨15M” y el cambio político en buena parte de las administraciones autonómicas y locales. Bajo la gran sombra de la crisis económicas que todo lo cubre y parece no tener fin. La crisis cada día nos exige más y más, recortes en derechos y prestaciones sociales. El cambio de tendencia política en las elecciones autonómicas y locales ha sido evidente y notorio, cuando no disponemos de una percepción clara de las transformaciones que traerán, aún existiendo experiencias claras en nuestro Estado, el elevado grado de incertidumbre es cuando menos elevado. Las dudas también se acumulan en lo referente a la evolución de aquellas otras formaciones políticas que han sido relegadas del poder. Sin embargo, mayor incertidumbre me provoca el movimiento “15 M”, que ha conseguido en pocos días que nuestra conciencia aflore, provocando en nuestro interior un estado de indignación ante lo que nos sucede como individuos y a lo que nos sucede como ciudadanos y sociedad. ¿Qué camino o caminos cogerá el movimiento? ¿Qué apoyo tendrá o dejará de tener en su futuro más inmediato? Nosotros, personas individuales y sociales, tendremos que decidir el papel queremos o no jugar en estos momentos tan complejos y difíciles que nos ha tocado vivir. En nosotros reside el poder del cambio y la transformación de nuestras realidades. El poder es nuestro.

LA HUELGA

Los empleados y empleadas públicos, el pasado 8 de Junio, estaban convocados a la huelga por los recortes en sus salarios. Salarios que se han caracterizado en estos últimos años por la moderación, ni si quiera alcanzaban las subidas del IPC anual, su poder adquisitivo ha ido disminuyendo de manera progresiva, coincidiendo con tiempos de “bonanza” y enriquecimiento en el sector privado. Nunca antes se había producido un recorte de éste calibre.

La causa, según dicen, es el déficit público, el recorte va acompañado de otras medidas, y ya sobre el horizonte se visualizan otras de hondo calado.

La impresión general es que la huelga ha sido un fracaso, que ha sido poco respaldada por los empleados públicos. Sin embargo, el verdadero fracaso es de aquello/as que manejan las cuentas públicas y que han producido el déficit público, antes y después de la entrada del euro.

Resulta paradójico que quienes dictan las directrices y las líneas básicas de intervención son personas ajenas a nuestro país, a las que se les supone autoridad para afrontar la actual crisis. ¿Se les presupone representatividad? En caso afirmativo, implica que nuestro gobierno ha dejado de ser representativo, que ha perdido su representatividad. Deberíamos preguntar al conjunto de ciudadanos y ciudadanas si quieren medidas neoliberales para salir de la crisis.

El neoliberalismo desea un “Estado Mínimo” que no interfiera en el juego del libre mercado, y ello implica el desmantelamiento del “Estado de Bienestar” cuyo fin es la intervención con el objeto de asegurar condiciones de bienestar mínimas a la población en su conjunto. Caminamos hacía una sociedad más injusta, desigual e individualista.

El movimiento obrero desde el Siglo XIX ha favorecido mejoras en las condiciones de vida de la clase trabajadora y de las más desfavorecidas de la sociedad, y es incuestionable.

Desde hace más de tres décadas, en nuestro país, el sindicalismo ha ido perdiendo apoyos de la clase trabajadora (vean sino los niveles de afiliación). La perdida de apoyos no se debe a una única causa. Aunque algunas tienen su origen en el propio movimiento sindical, otras, quizás las más, tienen que ver con ideologías predominantes en la sociedad y su plasmación en los contextos sociales, económicas y políticos.

La huelga del pasado día 8 fue respaldada por los que siguen creyendo que el sindicalismo, a pesar de sus defectos y debilidades, aún puede ser un arma de los trabajadores y trabajadoras del sector público o el privado contra el despiadado proceder del capital.

Participación e Igualdad

La participación de los ciudadanos es un hecho básico e indiscutible tanto en la consolidación como en el fortalecimiento de los sistemas democráticos, de todos y cada uno de los países de nuestro entorno, fundamentalmente los occidentales. En ellos se garantiza de manera fundamental el ejercicio de los derechos y libertades de las personas, que han sido consagrados en los diversos textos constitucionales y recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Entre todos esos derechos y libertades de los ciudadanos, encontramos: el derecho a la vida, a la inviolabilidad del domicilio, a la libertad de expresión y opinión, a la libertad de asociación y de reunión… Sin embargo, el ciudadano no sólo tiene derechos y libertades, también recaen sobre él obligaciones, como por ejemplo: la de contribuir a los gastos generados por la puesta en marcha de servicios y prestaciones o la obligación y el deber de respeto de los derechos y libertades de sus semejantes. Tanto los derechos, las libertades, como las obligaciones y deberes fundamentan el llamado “Pacto Social” que es adoptado de común acuerdo por los miembros que integran una determinada sociedad. Éste pacto no sólo hace posible el ejercicio de esos derechos y libertades sino la convivencia y el bienestar común de todos sus integrantes.

Garantizar las libertades y derechos de la persona no implica la obligatoriedad de igualdad entre sus miembros. En el seno de nuestro modelo de sociedad democrática, frecuentemente, encontramos individuos, grupos y colectivos que debido a sus precarias condiciones socioeconómicas se sienten: por un lado, apartados y por otro, son percibidos por el resto como los de “al margen”. Es como, si la propia sociedad fuese incapaz de reconocer e integrar a todos y cada uno de sus individuos y grupos. Siendo la misma sociedad la causante de las condiciones que hacen que determinados sectores de la población se distancien, provocando situaciones de discriminación y desigualdad.

Todo ello, puede crear una cierta imagen en la que los derechos y libertades son vistos como instrumento que pueden reforzar privilegios en determinadas clases sociales. Esto favorece la diferenciación social y las desigualdades sociales.

Participar en los procesos y en el desarrollo de nuestras sociedades, no es un derecho fundamental, es un principio básico de nuestros sistemas democráticos. Participar es actuar, es ponerse en movimiento, es provocar cambios, es influir, es transformar la realidad… es dejar nuestra impronta. Pero cuando a la participación se le ponen barreras o se la obstaculiza deberemos pensar en intereses particulares de individuos o grupos que contando con cierto poder material, ya sea económico, político, profesional, etc. pueden impedirla. Es entonces cuando deberíamos preguntarnos ¿porqué?