INGRESO MÍNIMO VITAL - SERVICIOS SOCIALES

El simulador del Ingreso Mínimo Vital (IMV) en sólo 24 horas fue consultado por un millón de personas (según la prensa del 3 de Junio), de entre ellas habrían muchas profesionales trabajadoras y trabajadores sociales del campo de los servicios sociales con la curiosidad por conocer su funcionamiento. Es importante conocer los recursos que se ofrecen y detectar posibles lagunas o desajustes en ellos, siempre pensando en las personas usuarias que solicitaran ayuda (información, orientación, asesoramiento y sobre todo apoyo) y harán preguntas diversas, relataran sus situaciones sociofamiliares (cada persona o  familia son únicas), y crearán dudas, dificultades y desasosiego en las personas profesionales.

Son muchas las expectativas que el IMV ha creado en los profesionales de los servicios sociales. Pero, altas fueron las expectativas con la puesta en marcha de experiencias en salarios sociales y rentas mínimas en las distintas Comunidades Autónomas (CCAA), y que salvo honrosas excepciones han dejado mucho que desear en su conjunto. Cada CCAA puso en marcha la suya, con diferentes requisitos, cuantías, duración y en general muy condicionadas. Pero sólo un pequeño porcentaje de las personas y familias que podrían tener derecho a ellas las han obtenido, tras un sin fin de papeles, gestiones  y trámites. Idas y venidas que en han provocado que muchas personas se vieran “ahogadas” en la antesala de los registros.

Las rentas existentes, en muchos casos, no se han convertido en un verdadero escudo de protección para las personas y familias necesitadas ante la crisis del coronavirus. Y al final numerosas personas han tenido que acudir a sus redes sociales más próximas y a los servicios sociales de base para poder al menos cubrir las necesidades de alimentación. Esto ha fomentado, aún más, que los servicios sociales pierdan elementos básicos de su intervención profesional, muy necesaria, derivando hacía prácticas de carácter benéfico-asistencial, en las que prima la inmediatez en la cobertura de las necesidades básicas, pero que olvida los elementos fundamentales como  el estudio y análisis, el diagnóstico, la planificación y la evaluación a través de la relación y el intercambio con la personas que  solicitan ayuda.    

Las rentas mínimas vinculadas a la intervención profesional hizo creer que se habría una oportunidad de cambio real en la forma de trabajar en los servicios sociales. Ilusión que se volvió efímera con el transcurrir de los meses y de los años, ante una realidad administrativa tejedora de mecanismos burocráticos excesivos que devora realidades y que dejaba perplejo e impotente a las personas profesionales.

En principio, el IMV parece no estar condicionado a una intervención por las personas profesionales de los servicios sociales, al menos en sus planteamientos iniciales, y esto nos llevaría a pensar en la necesidad de cambios en la conceptualización del Sistema Público de Servicios Sociales, principalmente en aquellos servicios sociales más cercanos a la población (los servicios servicios sociales municipales) si queremos que sigan siendo pilar básico del Estado de Bienestar. Si el IMV cubre lo básico, los servicios sociales municipales podrán abandonar el carácter “benéfico-asistencial” que viene imprimiendo su quehacer diario desde sus inicios y muy acentuado tras la crisis económica de 2008.

Sin embargo, ya empezamos a ver movimientos para la firma de convenios de colaboración con las corporaciones locales para la posible gestión del IMV. Esto, independientemente de que puedan existir razones de peso para proponerlo y hacerlo, vendría a priorizar la gestión anteponiéndola a la adecuada intervención profesional. Pero si la intervención se ve reducida a la mera gestión, los servicios sociales municipales (primer nivel de atención del Sistema Público de Servicios Sociales) se podrían convertir definitivamente en una mera intervención residual de “aquellos desajustes y consecuencias que la propia sociedad vaya generando”, por tanto el sistema quedará siempre al margen, en la periferia y al borde del abismo, con escasez de recursos y escaso reconocimiento social desempeñando el papel de simples barreras de contención social.  

DARDO ENVENENADO A LA FUNCIÓN PÚBLICA

La semana pasada el Gobierno Español propuso una serie de medidas para reducir el gasto público, medidas que suponen un dardo envenenado a la línea de flotación del Estado de Bienestar.

Una de esas propuestas afecta directamente al funcionario público, aunque para ser correctos deberíamos decir empleados públicos que abarca no sólo a los funcionarios sino también al personal laboral que trabajan en las Administraciones Públicas. Los empleados públicos son los que garantizan la prestación de los servicios públicos (educación, sanidad, servicios sociales, seguridad ciudadana, medio ambiente, transportes…). Servicios que permiten unos niveles de bienestar para el conjunto de la población, que a mayor número y calidad mayor calidad de vida para los ciudadanos.

En un Estado de Bienestar los derechos sociales son consustanciales al propio Estado (derecho a la educación, a la sanidad, a los servicios sociales…). Los derechos sociales, a diferencia de los derechos individuales y políticos, sólo podrán ser alcanzados si el Estado pone los medios necesario para su consecución, pues no es suficiente que estos aparezcan recogidos en nuestra normativa básica (Constitución).

Hasta hoy, el Estado de Bienestar de nuestro país a diferencia de otros de nuestro entorno, es un Estado en precario. Precariedad que puede verse acrecentada, si el recorte presupuestario público apunta a aquellos recursos que lo sustentan. Los empleados públicos son el recurso humano que hace posible que cada día tengamos a nuestra disposición como ciudadanos servicios y prestaciones que inciden en nuestro bienestar individual, familiar, grupal y comunitario.
En general, cualquier trabajador quiere una retribución acorde con el trabajo que realiza, si dicha retribución no es acorde al trabajo que realiza su motivación puede verse afectada y tener como consecuencia una incidencia negativa sobre la calidad del servicio o producto final de su trabajo.

Viene siendo común por algunos individuos y grupos de la población la crítica fácil hacía el empleado público, en relación a su estabilidad, sus ingresos, llegan incluso a expresar comentarios tan despiadados como “lo bien que viven” y “lo poco y mal que trabajan”. A estos individuos y grupos les diría que pensarán por un momento en quién han provocado la crisis actual (Entidades financieras y empresas privadas) y después se preguntarán ¿Quiénes son los que trabajan más y mejor? y ¿Quiénes viven bien?.

Funcionarios y subida salarial en época de crisis

Se ha conseguido un acuerdo entre las principales centrales sindicales y el gobierno para la subida salarial de funcionarios para el próximo año, concretamente, una subida de 0,3 más 0,3 para el plan de pensiones. Éste acuerdo, como ya sabemos, no afectará sólo a los Funcionarios del Estado sino, como sucede cada año, se hará extensivo al resto de administraciones públicas tanto autonómicas como locales. Lo curioso es que habrá muchas de esas administraciones que no tengan planes de pensiones, por tanto, deberá ser ajustado en la correspondiente subida salarial y en estos casos la subida debería de ser como mínimo el 0,6. Sin embargo, éste recorte en la subida salarial a funcionarios y laborales de nuestras a administraciones no resolverá el problema del gasto ni de la deuda pública.

¿Cuál debería ser la línea de actuación de las administraciones públicas para contener el gasto y posibilitar un ahorro dentro de las administraciones? La primera medida, debería estar dirigida al estudio de todos aquellos puestos de libre designación, me refiero a esos puestos que no requieren de un procedimiento ni requisito de selección previo, y a esos puestos en los que aún existiendo requisitos no sirven de nada, pues son los que se conocen vulgarmente como “personal elegido a dedo”, siendo estos los mejor remunerados dentro de la administración.

Aún, en el convencimiento, de que algunos de esos puestos de confianza pueden ser necesarios en la administración pública, pues son un recurso de enorme valor para aquellos que han sido elegidos democráticamente por los ciudadanos en las urnas. Si, consideró que se han múltiplicado su número en demasía. Por lo que, la primera medida debería ser la supresión de todos aquellos puestos de libre designación que sean innecesarios, con ello seguro que se incrementa el ahorro y se reduce el gasto.

Claro. Es obvio. La medida expuesta no puede ni debe ser la única. Pero podría ser el inicio de una línea nueva de actuación en nuestras administraciones públicas, en la busqueda de la eficaz y eficiencia.