El envejecimiento constituye un proceso biológico, psicológico y social que se desarrolla a lo largo de toda la vida adulta. La vejez es un proceso, que puede ser favorable o desfavorable, pero es natural e inevitable. Ni el proceso de la vejez, ni el ser viejo es patológico, extraño o anormal. La existencia humana es un continuo devenir, con el nacimiento en un extremo y la muerte en el otro. Los últimos años necesitan ser vistos como parte de éste continuo. La última etapa de la vida no debería considerarse como un problema social y psicológico, sino como una etapa en el curso de la propia evolución.
Los factores más importantes que inciden en el envejecimiento son las tasas de natalidad, de mortalidad y los efectos de la evolución de la esperanza de vida. La baja natalidad y alta esperanza de vida significa, para las poblaciones de los países más desarrollados, un envejecimiento por partida doble: por la base y por la cúspide de la pirámide de población.
Desde un punto de vista demográfico podrían distinguirse dos regímenes: Régimen Demográfico viejo y Régimen Demográfico joven. Los países de Europa Occidental más desarrollados tienden a situarse en el tipo primero (viejo), el cual se caracteriza por: un crecimiento vegetativo débil, nulo e incluso negativo, donde las tasas de nacimiento son muy bajas y las de mortalidad tienden a aumentar, por el elevado número de personas mayores. Éste tipo de regímenes tiene sus ventajas (cargas pasivas por la base de la pirámide son pequeñas -disponibilidad de más recursos-, escasa población activa lo que facilita el acceso al mercado laboral...) e inconvenientes, como pueden ser: las clases pasivas por la cúspide de la pirámide son elevadas, necesidad de recurrir a la emigración para cubrir los puestos de trabajo vacantes, los recursos potenciales pueden desaparecer pues la población activa al ser reducida no puede potenciarlos, se tiende a la gerontocracia y al inmovilismo, entre otras cuestiones.
Al producirse un envejecimiento los estados tienen que hacer frente a las necesidades que la población de mayores demandan para que les sean cubiertas, tanto en el campo de la salud, de la seguridad social, servicios sociales,etc..
En líneas generales, no existen necesidades específicas de la tercera edad, ni de ningún grupo en particular; existen, eso si, necesidades humanas objetivas y universales (Teoría de Doyal y Gough). En el espacio de los bienes podemos afirmar, en cambio, que los mayores pueden precisar de más o menos bienes de cierto tipo que otros grupos de edad. Tampoco podemos considerar a dicho grupo como algo homogéneo, es necesario segregarlos en distintos niveles para obtener la mayor información posible de su situación y poder distribuir los recursos más eficazmente y de manera justa. De lo que se trata es de satisfacer sus necesidades, y es preciso no considerarlas como propias de un grupo homogéneo.
Son los poderes públicos quienes tienen que velar por unas condiciones digna de vida. La Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU, de 1.948, en su artículo 25, expone que: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure a ella, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes a su voluntad”. La política de Bienestar no hace más que convertir en efectiva la norma más básica de toda Constitución democrática: que todos los ciudadanos son iguales ante la ley y que todos tienen derecho a una vida digna.
Los factores más importantes que inciden en el envejecimiento son las tasas de natalidad, de mortalidad y los efectos de la evolución de la esperanza de vida. La baja natalidad y alta esperanza de vida significa, para las poblaciones de los países más desarrollados, un envejecimiento por partida doble: por la base y por la cúspide de la pirámide de población.
Desde un punto de vista demográfico podrían distinguirse dos regímenes: Régimen Demográfico viejo y Régimen Demográfico joven. Los países de Europa Occidental más desarrollados tienden a situarse en el tipo primero (viejo), el cual se caracteriza por: un crecimiento vegetativo débil, nulo e incluso negativo, donde las tasas de nacimiento son muy bajas y las de mortalidad tienden a aumentar, por el elevado número de personas mayores. Éste tipo de regímenes tiene sus ventajas (cargas pasivas por la base de la pirámide son pequeñas -disponibilidad de más recursos-, escasa población activa lo que facilita el acceso al mercado laboral...) e inconvenientes, como pueden ser: las clases pasivas por la cúspide de la pirámide son elevadas, necesidad de recurrir a la emigración para cubrir los puestos de trabajo vacantes, los recursos potenciales pueden desaparecer pues la población activa al ser reducida no puede potenciarlos, se tiende a la gerontocracia y al inmovilismo, entre otras cuestiones.
Al producirse un envejecimiento los estados tienen que hacer frente a las necesidades que la población de mayores demandan para que les sean cubiertas, tanto en el campo de la salud, de la seguridad social, servicios sociales,etc..
En líneas generales, no existen necesidades específicas de la tercera edad, ni de ningún grupo en particular; existen, eso si, necesidades humanas objetivas y universales (Teoría de Doyal y Gough). En el espacio de los bienes podemos afirmar, en cambio, que los mayores pueden precisar de más o menos bienes de cierto tipo que otros grupos de edad. Tampoco podemos considerar a dicho grupo como algo homogéneo, es necesario segregarlos en distintos niveles para obtener la mayor información posible de su situación y poder distribuir los recursos más eficazmente y de manera justa. De lo que se trata es de satisfacer sus necesidades, y es preciso no considerarlas como propias de un grupo homogéneo.
Son los poderes públicos quienes tienen que velar por unas condiciones digna de vida. La Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU, de 1.948, en su artículo 25, expone que: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure a ella, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes a su voluntad”. La política de Bienestar no hace más que convertir en efectiva la norma más básica de toda Constitución democrática: que todos los ciudadanos son iguales ante la ley y que todos tienen derecho a una vida digna.
