El gobierno ha decretado que los trabajadores y trabajadoras de los servicios sociales son esenciales frente a la crisis sanitaria que padecemos. Para quien lo desconozca, el Sistema Público de Servicios Sociales se organiza, al igual que el sistema público de salud, en dos niveles de atención, un primer nivel llamado comunitario y considerado la puerta de entrada al sistema (competencia de las administraciones locales) y un segundo nivel denominado especializados (competencia de las Comunidades Autónomas).
En 2018 publique en la revista TSDifusión nº128 un artículo, con el título Los Servicios Sociales Comunitarios en la Encrucijada, en él expresaba mi estado de vértigo debido a la aprobación de la nueva ley de Servicios Sociales de Andalucía de 2016, después de más de treinta años de su antecesora de 1988, primera ley de servicios sociales que se aprueba en España coincidiendo con la salida de la crisis de 2008. Una crisis económica que produjo una crisis política y de valores importante, pero que derivó en una crisis social que se cebo con los sectores de población más débiles y vulnerables, entre ellos los menores, las personas mayores, las mujeres o los inmigrantes. A estos sectores de población sólo les quedó los servicios sociales como último recurso. Pero se encontraron unos servicios sociales debilitados tras los brutales recortes sufridos durante la crisis, y que debido a esos recortes en estos momentos se encuentran en una situación de debilidad para afrontar la nueva crisis que se avecina tras la crisis sanitaria.
El Estado de Bienestar se ha de sustentar en cuatro pilares básicos que son la sanidad, la educación, la garantía de ingresos y los servicios sociales, pero tienen que ser pilares de responsabilidad pública. Estos cuatro pilares son los que más han sufrido los recortes presupuestarios por la idea de la contención del gasto público, disminuyendo su capacidad en la atención a las necesidades de la ciudadanía, con el consiguiente impulso de lo privado por aquello de su mayor eficiencia económica, eficiencia que se ha demostrado falsa.
La pandemia del coronavirus nos esta permitiendo ver la situación tan deficitaria que arrastran los servicios públicos del bienestar, y que hoy empezamos a comprender, por fin, que son esenciales para el conjunto de la ciudadanía sin ningún tipo de exclusión.
El Sistema Público de Servicios Sociales es el más joven de los cuatros que sustentan el Estado de Bienestar, ni la Constitución los contempla, salvó al mencionar a la tercera edad y lo hace en un sentido amplio. Hoy nos acordamos de las residencias, de la dependencia y la atención domiciliaria, también de las personas sin hogar y de los menores que no tiene cubiertas sus necesidades alimentarias, de la violencia de género en periodo de cuarentena… pero los continuos recortes en en recursos humanos, materiales, técnicos y financieros unido a la falta de una ley marcó que establezca unos mínimos de atención en todo el estado, están asfixiando al sistema y lo están llevando hacia intervenciones de tipo caritativas-benéfico-asistenciales de carácter puntual, olvidando a las personas y sus derechos e imposibilitando una adecuada atención a sus necesidades sociales. Y ante la crisis provocada por el coronavirus esta colapsando muchos de los servicios básicos del sistema de servicios sociales.
Por tanto, es necesario y de interés general, acometer políticas que apuesten de verdad por unos servicios públicos de calidad, de entre los cuáles se encuentran los servicios sociales.
Por tanto, es necesario y de interés general, acometer políticas que apuesten de verdad por unos servicios públicos de calidad, de entre los cuáles se encuentran los servicios sociales.
Pd. además, es necesario y urgente la implantación de una renta social de ámbito nacional que sustituya las distintas rentas mínimas existentes en las comunidades autónomas, que sirva de barrera para hacer frente a la crisis social que se vislumbra tras la pandemia sanitaria.